El proyecto de Ley Nicolás se trata en una comisión del Congreso. Es para combatir la mala praxis y promover la seguridad del paciente.

Comenzó en el Congreso el tratamiento de la “Ley Nicolás”, un proyecto que busca legislar sobre la seguridad del paciente y combatir la mala praxis médica. Se trata de una iniciativa que nació hace poco más de dos años de la mano de Gabriela Covelli, una abogada miembro de Familiares y Víctimas de Mala Praxis cuyo hijo, Nicolás Deanna, murió sin ser tratado por una meningitis tras el diagnóstico equivocado de un médico.

Ese tema fue analizado en profundidad en la revista SEGUROS DIGITAL de AAPAS, para lo cual entrevistaron a tres especialistas de dos aseguradoras especialistas en mala praxis.

Esta iniciativa “tiene el propósito de estimular la seguridad del paciente”, indican Julio Diez, Director Comercial Corporativo, y Horacio Canto, Gerente de Responsabilidad Civil Profesional de Swiss Medical Group, uno de los operadores líderes en este segmento.

El proyecto de ley ingresado el 29 de julio pasado a la Comisión de Salud del Congreso contiene una serie de propuestas, entre las que se destacan, crear una nueva cultura de la seguridad; jerarquizar la problemática para abordarla desde un punto de vista sistémico y no desde una faz punitiva; buscar impedir el daño evitable, intentando reducir al máximo las consecuencias del daño no evitable; generar condiciones que estimulen la confianza entre los trabajadores de la salud, los pacientes y sus familias; y priorizar la transparencia y, de ser posible, hacer que el paciente y su familia participen en iniciativas tendientes a disminuir la aparición de eventos adversos.

“A veces, la gente transforma su dolor, como es la terrible experiencia de perder a un hijo, en algo positivo”, apunta Fabián Vítolo, Gerente de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Seguros, compañía especializada en mala praxis.

Para destacar, por primera vez, se plantea en el Congreso la problemática sobre la seguridad del paciente y los casos de malas praxis.

“Si bien las cosas no se modifican por ley, es bueno que se instale el diálogo y pueda iniciarse el cambio”, aclara Vítolo, quien destaca que esto fue posible gracias a la lucha de Covelli, pero también a que el diputado bonaerense de la UCR, Fabio José Quetglas, se puso la mochila al hombro y comenzó a impulsarlo y a consultar con muchos técnicos en seguridad del paciente.

La propuesta legislativa, llegó con varios cambios a ser tratados por el Poder Legislativo, a partir del asesoramiento brindado al diputado de varios colegios médicos, sociedades científicas y la Academia Nacional de Medicina. “Era una ley que tenía un espíritu muy punitivo en sus orígenes y eso le señalaron los expertos a Quetglas, ya que buscaba modificar el Código Penal con el fin de que un juez que determinara que, en caso que hubiera un médico, incurriera en un acto casi temerario. Lo que en autos equivaldría a un dolo eventual, como alguien que opera borracho o una anestesia simultánea, pudiera suspenderle provisoriamente la matrícula”, explica Vítolo.

Para el especialista, ese era un punto muy ríspido, ya que ponía a discrecionalidad de un juez la determinación de qué era temeridad y qué no, lo que es muy difícil de establecer. En Noble Seguros, han trabajado en más de 3.000 casos y han visto mucho dolor en profesionales y víctimas. “Vemos crecer la industria del juicio, pero también hay muchos casos en los que te preguntás cómo puede haber pasado esto. Un 50% son aventuras judiciales, pero la otra mitad no lo son”, revela Vítolo, quien advierte que “cuando el médico se equivoca, termina destrozado también, es la segunda víctima”.

Diez y Canto de Swiss Medical Group mencionan que la propuesta de ley consigna que, si bien la peor consecuencia de los eventos adversos se la lleva la primera víctima, o sea el paciente, no puede dejar de gestionarse a las segundas víctimas, que son justamente los profesionales de la salud en el marco de la seguridad del paciente.

Es por eso que la iniciativa impulsa en igual sentido el desarrollo e implementación de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia, que disminuyan la posibilidad de ocurrencia de daños evitables en las prácticas de salud.

“También propone generar condiciones que estimulen la confianza entre los trabajadores de la salud, los pacientes y sus familias, priorizar la transparencia, y de ser posible, hacer que el paciente y su grupo participen en iniciativas tendientes a disminuir la aparición de eventos adversos”, sostienen los representantes de Swiss Medical Group ante la consulta de SEGUROS DIGITAL.

Esto está relacionado con otro elemento que menciona su par de Noble Seguros, quien opina que, si se sacan a todos los malos médicos del camino, no se eliminan los errores médicos. ¿Por qué? Porque está comprobado que la inmensa mayoría de los eventos de mala praxis o de posible mala praxis son producto de la complejidad de la medicina actual, de la fragmentación del sistema de salud y de un sinfín de elementos que no tienen que ver con la idoneidad o incompetencia de los profesionales.

La llamada Ley Nicolás incorpora incluye términos como “cultura de seguridad”, “cultura justa” y obliga a la evaluación cognitiva del profesional. Son elementos que, hasta ahora, no existen en la regulación.

“La OMS declaró el período 2020-2030 como la década de seguridad del paciente y compromete a todos los países miembro a hacer algo en ese sentido. De hecho, la propuesta de ley propone obligar a las instituciones médicas a celebrar cada año, a mediados de septiembre, la semana de seguridad del paciente, que es un tema muy importante sobre el que las sociedades debemos tomar conciencia”, apunta Vítolo.

Adicionalmente a ello, completan Diez y Canto, “se plantea, como otro elemento importante, la incorporación en los programas de estudio de grado y posgrado de contenidos asociados a la seguridad del paciente”.

La iniciativa parlamentaria también trae novedades en el sentido de establecer la obligatoriedad de implementar la historia clínica informatizada para todas las instituciones de salud y el plazo máximo para cumplimentar ese requisito fue fijado en 4 años.

Otro elemento que aborda la propuesta es la obligación de que, ante una matriculación en otro distrito, sea obligatorio chequear previamente con un registro de profesionales que el médico no esté inhabilitado en otra jurisdicción. Porque se da muchas veces que algún profesional que está impedido para atender en un distrito aparezca trabajando en otro.

Además, el proyecto propone obligar a la evaluación cognitiva de los profesionales. “Promueve que la certificación y la recertificación de los profesionales deba ser obligatoria cada 10 años. Es decir, implementa una certificación obligatoria de la capacidad del profesional y evaluación del estado cognitivo y conductual de los profesionales, que a partir de los 75 años de edad se deberá hacer cada tres años”, detallan los profesionales de Swiss Medical Group.

Aunque parece una iniciativa muy ambiciosa, Canto y Diez la ven como una propuesta viable en Argentina, ya que opinan que, “trabajando entre todos, se puede cambiar la cultura actual de la seguridad en la atención de la salud, asemejándola -por ejemplo- a la seguridad aeronáutica, que es eminentemente sistémica”.

Por ahora, es un proyecto que está en revisión y habrá que ver cómo queda la versión final, ya que deberá someterse a la Comisión de Salud del Congreso y a la mirada de los colegios médicos. Lo que no quedan dudas, tal como se destaca en la nota de AAPAS, es que las aseguradoras de mala praxis son grandes fuentes de información para la implementación de procesos adecuados, ofrecen planes de formación muy completos referidos al tema y creen fuertemente en la importancia de la seguridad del paciente.

Fuente: Télam