Prepagas que no devuelven dinero a sus afiliados
- Se repiten los reclamos de afiliados cuyas coberturas no cumplen con el acuerdo firmado por la mayoría.
- Desde el Gobierno afirman que son pocas las empresas rebeldes y que a algunas las están investigando.
Día tras día aparecen afiliados de algunas prepagas, en general adultos mayores, que muestran su desesperación porque los aumentos que han recibido en los últimos meses detonan su economía y desentonan con el promedio de los ajustes realizados por las principales empresas del mercado.
Clarín dio cuenta el sábado pasado del caso de Medin, cuyos afiliados denunciaron aumentos de hasta el 400 por ciento en lo que va del año, pero la cosa no se agota ahí. Esta semana, este medio recibió nuevos testimonios similares, por ejemplo de usuarios de la prepaga Cobensil.
Daniel Renzi contó su caso vinculado a esa cobertura y mostró facturas abonadas durante este año. Su madre sola pagó en enero pasado 271.414 pesos, mientras que en noviembre la cuota alcanzó los 921.757 pesos. La diferencia representa un incremento del 239 por ciento.
“Una verdadera vergüenza y abuso de una persona de 86 años que tiene una continuidad en la prepaga desde 1990”, dijo Renzi indignado, y agregó: “Le cobran mensualmente tres veces lo que recibe de jubilación y la tienen cautiva. Estamos presos de prepagas que no brindan el servicio adecuado y además aumentan indiscriminadamente”.
También contó su caso a Clarín Fabiana Diuan, cuya madre de 85 años es socia de Medical’s -dijo- hace más de 35. «La quisiera sacar y no tenemos dónde asociarla con la edad y para cumplir carencias. Estamos pagando 620 mil pesos y casi no tienen sanatorios de internación y los que tienen son de media para abajo. Han aumentado desproporcionadamente por no estar en la lista de empresas a las que el Gobierno obligó devolución».
Una de las imágenes de promoción de la cobertura Medin que aparecen en el sitio web de la empresa.
En general, se trata de coberturas medianas o pequeñas que esgrimen haber quedado fuera del acuerdo con el Gobierno celebrado en sede judicial, en los tribunales de la calle Talcahuano, en la recordada trasnoche del 27 de mayo pasado, de la que ahora se van a cumplir seis meses.
La realidad que cuenta el oficialismo, sobre los casos de prepagas que desafinan en un concierto lleno de contrapuntos, es que en su momento la administración libertaria decidió priorizar la inclusión en el acuerdo de las empresas que concentran el 95 por ciento del padrón de afiliados y resignar el 5 por ciento restante, que representa unas 400 mil personas. ¿Por qué? Según las fuentes oficiales consultadas, se trató del mal menor. “Era eso o el fracaso del acuerdo”, rememoran hoy.
Trasnoche de pacto y fuga
El relato de lo ocurrido durante aquella maratónica audiencia, que comenzó en la mañana del 27 de mayo y terminó en la madrugada del 28, incluye la figura de un juez, Juan Stinco, subiendo y bajando escaleras para escuchar a las partes ubicadas en pisos diferentes. Cuando las velas ya no ardían y el acuerdo parecía encaminarse, el magistrado subió por enésima vez para comunicarle a la querella, la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que nadie quería escuchar: “Tengo una pequeña rebelión aquí abajo”.
El problema era que para cerrar el acuerdo el consenso debía ser unánime, por lo que finalmente se decidió tomar un atajo y retirar del acta a las prepagas que no estaban dispuestas a firmar el trato. Según fuentes del Gobierno, salvo alguna excepción, la mayoría eran pequeñas empresas.
El juez Stinco protagonizó el acuerdo de fines de mayo entre las prepagas y el Gobierno. Foto: Senado TV
Las partes salieron de aquella jornada de esgrima agotadora con el compromiso de las prepagas de devolver lo cobrado por encima de la inflación, entre enero y abril, en 12 cuotas y ajustado por la tasa de interés del plazo fijo del Banco Nación. Exigencia que tenía como contrapartida la liberación de las cuotas a partir de julio.
Conclusión: una parte de las empresas no quedó bajo el paraguas de lo acordado, de manera que los valores de esos planes no tuvieron moderación alguna y desde entonces el precio de la autodeterminación sin matices impactó en los afiliados, sobre todo en los que carecen de opción de cambio, ya sea por edad o por tener enfermedades crónicas.
Ahora, desde el Gobierno, según pudo saber Clarín, por la vía administrativa buscan retomar el control de una situación que en mayo quedó fuera de alcance. Hay una investigación en curso para detectar posibles irregularidades y la eventual vinculación comercial entre empresas que vienen protagonizando estas situaciones excepcionales a costa de una minoría débil.
Por lo demás, y a juzgar por los anuncios generales de aumentos para el mes de diciembre, los ajustes periódicos de las prepagas líderes y masivas empiezan a acercarse a la lógica inflacionaria, que en los últimos meses viene en baja y nada parece indicar -al menos por ahora- que la tendencia vaya a cambiar.
